Las mujeres y las niñas guatemaltecas se encuentran particularmente vulnerables a la violencia de género. Según un informe del Procurador de los Derechos Humanos de 2017, Guatemala posee la tercera tasa más alta de feminicidios en el mundo, con un 9,7 por 100 000 habitantes. Esto representa una media de dos mujeres muertas cada día en el país. Por otra parte, el problema se agrava debido a preocupantes tasas de impunidad de 97% para feminicidios y 82% para casos de violencia de género, los cuales quedan sin castigo.
De cara a estas formas de violencia, el acceso a la justicia es particularmente restringido para las mujeres indígenas. Según estudios recientes, como el de la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia (2017), las mujeres indígenas se sienten excluidas del sistema judicial, debido principalmente a su idioma y a sus costumbres. Por otra parte, el trato que reciben es frecuentemente discriminatorio y racista.
Existen otros obstáculos que impiden el acceso a la justicia de las mujeres, entre otros:
En este contexto, el Estado guatemalteco difícilmente logra dar seguimiento a las denuncias, hacer cumplir las leyes en el tema y proteger eficazmente a sus ciudadanas.
Para hacer frente a esta problemática, el CECI y Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC) realizan el proyecto “Derechos y Justicia para Mujeres y Niñas Indígenas en Guatemala - DEMUJERES”. Su objetivo es contribuir a la libertad, a la dignidad humana y al poder de acción de las mujeres y niñas guatemaltecas, principalmente indígenas, contra la violencia sexual basada en género y en torno al acceso a la justicia.
El proyecto DEMUJERES se desarrollará en los departamentos de Chimaltenango, Sololá y Alta Verapaz, tres zonas particularmente afectadas por la violencia. Los tres principales componentes del proyecto son:
Entre 2019 y 2022, el CECI y ASFC facilitarán la participación y la movilización de 6,400 mujeres y niñas y de 200 hombres. Las actividades de sensibilización, llevadas a cabo en estrecha colaboración con los socios locales, alcanzarán a más de 2 millones de personas.
Más de 600 operadoras y operadores de justicia serán capacitados/as para aplicar las normas jurídicas de protección contra la violencia sexual basada en género y ofrecer servicios adaptados a las necesidades de mujeres y niñas indígenas. Casos emblemáticos de violencia sexual basada en género serán apoyados, generando una jurisprudencia que contribuya a cambios estructurales y duraderos en beneficio de mujeres de los departamentos arriba mencionados.
A través del proyecto DEMUJERES, el consorcio CECI-ASFC contribuirá a reforzar las capacidades de mujeres y niñas guatemaltecas como agentes de cambio, en concordancia con las orientaciones y contenidos de la Política de Ayuda Internacional Feminista de Canadá.