Veinticinco años después del fin del conflicto armado que arrasó con este país de Centroamérica, es evidente que el uso de la violencia sigue arraigado a las relaciones sociales y que afecta de forma particular a los pueblos indígenas, entre ellos y en primer lugar, a las mujeres y niñas.
Desde 2018, el CECI, en consorcio con Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) y a través del proyecto Derechos y justicia para las mujeres y niñas indígenas de Guatemala (DEMUJERES), trabaja para incrementar la libertad y la dignidad humana y reforzar el poder de las mujeres y niñas indígenas en la lucha contra la violencia sexual basada en género y dar acceso a la justicia a las víctimas de dichos actos
Las mujeres y niñas indígenas son víctimas de violencia sexual…
La violencia sexual basada en género, que se emplea como arma bélica en los conflictos internos, es un fenómeno que tiene un alcance desconcertante. Es la principal manifestación de poder patriarcal que se originó en la época colonial y se vio reforzado por el sistema de fincas, aquellos latifundios en los que abundaba la mano de obra indígena.
Este machismo y racismo que han existido durante siglos y han sido interiorizados por la sociedad e institucionalizados por el Estado, se ven reforzados por creencias religiosas y ciertos hábitos culturales que legitiman la desigualdad de género, la marginación de los pueblos indígenas y la violencia contra las mujeres y niñas. Es por ello que el país tiene el infortunio de registrar una de las tasas de feminicidio más elevadas del mundo.
“En el imaginario de la sociedad guatemalteca, las mujeres indígenas se encuentran necesariamente en una situación de servidumbre —explica Saríah Acevedo, socióloga y coordinadora guatemalteca del proyecto DEMUJERES—. A raíz de la colonización, existe el sentimiento colectivo de que las mujeres indígenas pueden ser objeto de actos sexuales en contra de su voluntad. Es algo normal y, siempre según este imaginario social, no hay por qué castigar a los autores por ello”.
… y de varias formas de discriminación
Según el censo nacional más reciente, 41% de la población guatemalteca se identifica a sí misma como indígena. De hecho, las personas de origen indígena podrían representar más del 60% de los 18 millones de habitantes del país. Saríah Acevedo, de origen maya, afirma que, si tomamos en cuenta la marginación y la pobreza que sufren estas poblaciones, “podemos decir que en las mujeres indígenas se concentran todas las formas de discriminación posibles que existen actualmente en Guatemala”.
“Se trata de mujeres en un país machista, indígenas en un país racista, personas del campo en un país que quiere desarrollarse de forma centralizada y urbana, mujeres pobres en un país con desigualdades muy profundas. Hoy en día, ser una mujer indígena en Guatemala implica sufrir de todas esas formas de discriminación cruzada”.
El enfoque de la interseccionalidad
Esta realidad dio lugar a debates entre los movimientos feministas del país y las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres indígenas, que afirman que considerar únicamente la cuestión del género no es suficiente para reflejar la situación.
De hecho, la acumulación de diferentes formas de discriminación (como basada en género, etnia o pobreza) hace que las mujeres y niñas indígenas de Guatemala se conviertan en víctimas de la violencia sexual basada en género de forma distinta a las demás mujeres.
En ello radica la importancia de que el enfoque de interseccionalidad sea el centro del proyecto DEMUJERES. Al reconocer que existen varios factores de opresión que están interrelacionados y cuyos efectos se conjugan, el proyecto puede abordar los problemas de la violencia en contra de las mujeres y niñas indígenas en su totalidad y complejidad. Ello permitirá apoyar con mayor eficacia a los colaboradores locales en la lucha por sus derechos individuales como mujeres y sus derechos colectivos como de mujeres indígenas.
El proyecto, que se ha puesto en práctica en tres departamentos del país, se basa en el trabajo conjunto con los colaboradores locales. Saríah Acevedo explica: “Su objetivo es responder a una de las discriminaciones más importantes que afecta a las mujeres indígenas en el país, es decir, el acceso a la justicia. Una justicia remota desde el punto de vista geográfico, de pago, unilingüe y en la que no hay concepto de reparación, que es el núcleo de la justicia indígena. El proyecto pretende contribuir a cerrar esas brechas”. Para hacerlo, el programa quinquenal se apoya en tres componentes.
Reforzar el poder económico y la capacidad de acción de las mujeres
Uno de los componentes del proyecto pretende apoyar a las organizaciones de mujeres que ofrecen apoyo psicosocial, jurídico o económico a las víctimas de violencia sexual basada en género. Al contar con un mejor apoyo, las mujeres tienen mayor poder para actuar y hacer cumplir su derecho a gozar de una vida digna y sin violencia. Basadas en un proceso de empoderamiento, estas organizaciones buscan que se reconozca a las mujeres y niñas indígenas como sujetos de derecho y que se conviertan en agentes de cambio.
Este es el caso de ADICI Wakliiqo, una asociación comunitaria que trabaja desde hace casi 25 años en el departamento de Alta Verapaz. Su objetivo es devolver a cada víctima de violencia el poder y la fuerza para luchar, mediante actividades agrícolas tradicionales con las que pueden lograr la autonomía alimentaria y programas de terapia maya orientados a sanar sus heridas. “Hay que acabar con las creencias que constituyen la base de la discriminación, el racismo y el patriarcado, y curar los sufrimientos, incluidos los más lejanos, los de la colonización, del sistema de fincas y del conflicto armado —explica Marta Fidelia Quib, una de las terapeutas comunitarias de la asociación que participa en la formación de futuros terapeutas indígenas—. Hay que sanar esos traumas internos para que las mujeres puedan adquirir confianza en ellas mismas, salir adelante y dejar de ser víctimas, porque la victimización paraliza. Lo que buscamos es que se escuchen las voces de las mujeres y niñas indígenas. Que cuestionen lo que antes parecía normal, pero no lo es, y que defiendan ellas mismas sus derechos”.
Mejorar el acceso a la justicia
Además de contribuir a la prestación de servicios jurídicos más accesibles y adaptados a las necesidades específicas de las mujeres y niñas indígenas, el proyecto pretende apoyar a quienes integran el sistema judicial que las representa. Así, al ofrecerles una formación adaptada y facilitar los intercambios entre pares, pretende promover las mejores prácticas en materia de derechos humanos y protección contra la violencia sexual basada en género, y fomentar una mejor comprensión del sistema jurídico existente.
Para luchar contra la impunidad característica de los actos de violencia cometidos contra las mujeres y niñas indígenas, el proyecto también busca apoyar casos emblemáticos que contribuyan al desarrollo de una jurisprudencia favorable en este ámbito.
Sensibilizar a las comunidades sobre la masculinidad positiva
Con el fin de promover un entorno social que favorezca el respeto de los derechos de las mujeres, se llevan a cabo campañas de sensibilización sobre cuestiones de igualdad de género, particularmente entre los hombres de las comunidades indígenas seleccionadas.
Ello se debe a que, en consonancia con el enfoque de la masculinidad positiva que el proyecto DEMUJERES promueve, los hombres deben ser parte integrante de la solución.
“¡Hace más de 20 años que las mujeres indígenas dicen que hay que convertirlos en nuestros aliados! —explica Saríah Acevedo—. No podemos crear una sociedad libre de violencia sin la contribución de los hombres. Debemos involucrarlos para que sepan que tenemos derechos y participen con nosotros en la lucha contra la discriminación”.
En este sentido, el CECI ayudó a organizar el Segundo encuentro mesoamericano sobre la masculinidad que, debido a la pandemia, tuvo que realizarse virtualmente el mes pasado. Más de 200 participantes, hombres y mujeres con perfiles y orígenes distintos, pudieron aprovechar este espacio de discusión e intercambio para reflexionar sobre la construcción histórica y el ejercicio cotidiano de la masculinidad indígena.
“¿Qué nos hace hombres? ¿Quién puede decidir los límites de esta identidad y este rol? ¿Qué significa ser hombre en nuestra cultura? Hoy en día, es la sociedad la que nos dice cómo debemos ser y cómo debemos actuar para que se nos considere hombres, la que nos obliga a usar máscaras para conformarnos a lo que espera de nosotros”, lamenta Jun Kanek Nimwitz Pérez, joven de origen maya que participó en los preparativos y las actividades del encuentro. Si bien cree que la construcción de la masculinidad indígena es producto de una historia de violencia (colonización, conflictos, etc.), está convencido de que su cultura tiene el potencial para construir una masculinidad positiva y formas de organización social más inclusivas. “La cosmovisión maya está impregnada de relatos, prácticas y energías que combinan los elementos femeninos y masculinos. Si los jóvenes mayas volvemos a descubrir esta visión, que es el origen de todo, y nos apropiamos de ella, nos será más fácil crear una sociedad igualitaria”.
Saríah Acevedo está de acuerdo. “Los hombres indígenas nos han dicho que quieren crear sus propios modelos de hombres libres de violencia, y que no quieren que nadie venga a decirles, una vez más, cómo comportarse. Sin duda, es la enseñanza más valiosa y común de todos los pueblos indígenas: debemos buscar alternativas y soluciones en nuestras propias experiencias y conocimientos”.
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El CECI implementó el proyecto Derechos y justicia para las mujeres y niñas indígenas de Guatemala (DEMUJERES) en consorcio con Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) y el apoyo financiero del Gobierno de Canadá, a través de Asuntos mundiales Canadá (AMC).
